El Gobierno del Cusco como el lema de “por un Huancayo libre de venezolanos”, parece haber recogido esta valla y aprobó este lunes una ordenanza para sancionar a empresas que despidan cusqueños para contratar extranjeros “en informalidad y subempleo. La norma aún no ha sido publicada en el diario “El Peruano”, con lo cual, formalmente no está vigente.
La medida declara de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo. Tiene sus orígenes en el hecho de que muchos trabajadores locales han sido despedidos con el propósito de que la empresa contrate “entre 2 y 3 trabajadores informales, que reciben un tercio o la mitad de lo que gana el peruano”, explicó el director regional de Trabajo de Cusco, Alí León.
Cabe resaltar, no obstante, que ningún gobierno regional puede dictar competencias sobre trabajadores inmigrantes, ya que estas le corresponden al Ministerio de Trabajo.
Adicionalmente, llama la atención que se busque sancionar la contratación de trabajadores foráneos en informalidad, algo que hoy ya es sancionable para cualquier empleado, sea local o extranjero. Y en lo que concierne a la contratación bajo subempleo, hoy un trabajador subempleado puede ganar hasta S/968, superior a la remuneración mínima vital, por ende, es legal de acuerdo a la legislación laboral.
De acuerdo con León, los migrantes suelen ganar alrededor de S/500, y hace referencia principalmente a la llegada de venezolanos. El año pasado, detalla, había en Cusco 137 venezolanos con permiso temporal de permanencia (PTP), hoy 3.200 tiene el documento y unos 3.000 no cuentan con este. En base a esta información, el Cusco acogería apenas al 0,82% del total de venezolanos que han llegado al Perú.
Establecer diferencias basadas en el origen es ilegal, precisan desde la Defensoría del Pueblo.
“Nosotros ya nos habíamos pronunciado en contra de esta ordenanza, desde la etapa de dictamen. Se mandó un oficio al gobierno regional instándolos a no aprobar el proyecto de ordenanza. Lo desoyeron”, indica Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la defensoría. Lo más probable es que la entidad impulse una acción de inconstitucionalidad si llega a publicarse, agregó.
Otra manera de cuestionarla sería presentando una acción popular, que puede ser interpuesta por cualquier persona, agrega Germán Lora, socio del Estudio Payet.
INCONSTITUCIONAL
En el país ya existen normas que buscan favorecer al trabajador local frente al extranjero. Por ejemplo, las empresas no pueden tener en su planilla a más del 20% de trabajadores extranjeros. Y las remuneraciones de los extranjeros tampoco pueden superar al 30% de lo pagado a la planilla total.
“Cualquier tratamiento a favor o en perjuicio de un grupo de personas debe responder a correcciones que deben hacerse en el mercado. Pero excluir las en función de su nacionalidad es discriminatorio”, opina el laboralista Jorge Toyama.
Aclara, además, que “cualquier despido arbitrario debe ser reprimido y controlado por el Estado”, y esto al margen de que si se trata sacar a un peruano para poner un venezolano.